MANIFIESTO Día Internacional de las Personas con Discapacidad GRUPO DE TRABAJO SOBRE DISCAPACIDAD DE LA FUNDACIÓN ISONOMIA Castelló de la Plana, 3 de diciembre de 2017

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Llegada la fecha del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una vez más el Grupo de Trabajo sobre Discapacidad de la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló se hace eco de las voces de las mujeres y hombres con diversidad funcional que ponemos de manifiesto la gran discriminación que seguimos sufriendo cada día. Unos ciudadanos y ciudadanas que sólo exigimos, nada más y nada menos, que los poderes políticos tomen de una vez las medidas necesarias para que la implementación y cumplimiento de las leyes y normativas sea una realidad. Así como que la sociedad en general tome conciencia, de manera colectiva e individual, de que su actitud es fundamental para que sea real y efectiva la plena inclusión de la ciudadanía que tenemos capacidades diferentes, en todas las etapas y aspectos de nuestras vidas.

Para que esto se convierta en una realidad es fundamental que el ordenamiento jurídico vigente en el Estado Español se adapte a los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en 2006. Después de más de nueve años en vigor en el Estado Español todavía sigue pendiente de adaptación mucha legislación. En este sentido, se ha anunciado que el 2018 se procederá a reformar el Código Civil sobre tutela de personas con discapacidad para adecuarlo a lo que dice la mencionada Convención y lograr, así, un sistema menos paternalista y con más igualdad jurídica. Y en el ámbito de la Comunidad Valenciana, les Corts han aprobado por unanimidad el inicio de la modificación de la ley sobre el Estatuto de las personas con discapacidad.

Hablando del cumplimiento de normativas, tenemos que mencionar la legislación promulgada sobre los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social (2013), en la cual se señala el 4 de diciembre de 2017 como la fecha máxima de todas las que se marcaron para fijar los sucesivos plazos en que ya serían exigibles las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en diferentes entornos, ámbitos, espacios, edificaciones, tecnologías, productos, servicios, etc. Es cierto que con la presión reivindicativa, y la aplicación de la mencionada ley, se ha ido consiguiendo que las personas con movilidad reducida nos podamos mover con más facilidad en los diversos medios de transporte públicos y que se tenga en cuenta la diversidad funcional a la hora de diseñar productos y ofrecer servicios. Pero la accesibilidad universal en todas partes, y en todo momento, seguirá siendo una utopía durante muchos años, si es que alguna vez llega a hacerse realidad. Un buen ejemplo de esto es el servicio de ferrocarril de cercanías en la Comunidad Valenciana, donde sólo uno de cada tres trenes es accesible; esto significa que cuando una persona usuaria de silla de ruedas o con muchas dificultades para moverse va a la estación a coger un tren de cercanías juega a un tipo de lotería, en la cual el premio será que le corresponda en suerte un convoy accesible. De no ser así dependerá de la ayuda que puedan darle quién lo acompañe u otras personas de buena voluntad muy dispuestas. Una acción siempre arriesgada tanto para la gente que ayuda como para quien la recibe, porque quizás no tienen idea de cómo hacerlo. Es verdad que en algunas estaciones –muy pocasexiste el servicio Atendo que, previo aviso, asiste a las personas que tenemos necesidades especiales, pero, desgraciadamente, es un recurso escaso y con muchos déficits.

En cuanto a la implementación real de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, según los datos que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hizo públicas el pasado verano, la cifra de las personas con un grado de dependencia reconocido por el cual tenían derecho a una ayuda que aún no recibían bajó un 16,2% durante el periodo que va entre julio de 2016 y julio de 2017. Un dato que parece positivo pero que no lo es tanto teniendo en cuenta que el descenso más significativo (22,4%) se produjo en el número de personas pendientes de atención que tenían el grado I de dependencia –el más leve-; mientras que la cifra de las personas dependientes en situaciones más graves (grados II e III) sólo había bajado el 4%. Es decir, de las 125.900 personas que más ayuda necesitaban a fecha de julio de 2016, un año después, tan sólo 5.000 habían empezado a beneficiarse de la prestación o servicio al que tenían derecho. Este hecho, además de ser totalmente injusto, hace pensar en una operación de maquillaje de las cifras de la lista de espera por parte de las administraciones implicadas, dando preferencia a los casos de personas que manifiestan un grado de dependencia más ligero la atención de las cuales comporta un gasto económico más bajo. Y en este punto no se puede omitir la cifra más punzante de todas: la de las 40.000 personas que fallecieron durante el año 2016 sin llegar a disfrutar de la ayuda que les correspondía por la aplicación de la ley. Para el 2017 se calcula que serán 34.000 las personas que morirán sin haber recibido la atención reconocida.

Otro aspecto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal a mejorar es el desarrollo de uno de los recursos previstos en el catálogo de servicios de atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Nos referimos a la prestación económica de asistencia personal que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana sólo perciben, ahora mismo, seis personas. Además de no promocionarse desde las administraciones, las condiciones requeridas para solicitarla son muy restrictivas puesto que exigen que la persona que la pide demuestre que está estudiando o que tiene un contrato de trabajo. Si no es así, por más activa que sea su vida, no tendrá derecho. A pesar de que también es cierto que el caso de una de las receptoras de esta prestación podría servir de precedente para futuras solicitudes, puesto que consiguió que se le concediera por el hecho de realizar múltiples actividades.

Por otro lado, la invisibilidad de las mujeres con diversidad funcional sigue siendo latente, las cuales demasiado a menudo no son «reconocidas» como mujeres y no son incluidas en actos reivindicativos, formativos o educativos propios de su género. Quedan excluidas porque pesa más la etiqueta de su discapacidad y esto hace que solamente tengan voz en espacios exclusivos para mujeres con diversidad funcional, corriendo el peligro de que ellas mismas caigan en el error de creer que tiene que prevalecer su condición de discapacitada sobre la de mujer. Hace falta visibilizarlas para concienciar a la sociedad de que antes que nada son mujeres, que tienen que tener voz propia en todos los ámbitos y poder ejercer los mismos derechos que el resto de ciudadanía. Esta visibilidad haría posible trabajar para evitar que la cifra de mujeres con diversidad funcional que son víctimas de agresiones machistas se redujera, puesto que actualmente una de cada tres mujeres (31%) asegura haber sufrido o sufrir algún tipo de violencia física, psicológica o sexual por parte de su pareja o expareja. Es decir, más del doble del porcentaje de las mujeres sin discapacidad (12,5%), según un informe de la Fundación CERMI Mujeres, presentado el pasado abril, hecho a partir de la Macroencuesta 2015 sobre violencia machista del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Esperamos que las medidas para la atención integral especializada a los grupos de mujeres más vulnerables, previstas en los pactos contra la violencia machista firmados recientemente tanto en el ámbito estatal como en la Comunidad Valenciana, sean efectivas para prevenir, detectar y erradicar las violencias que sufren.

Otro escenario en que las mujeres con diversidad funcional son objeto de doble discriminación es el mercado laboral, pues, el 61,1% de los contratos de personas con discapacidad son de hombres, según un informe estatal del mercado de trabajo. Por otro lado, según los datos del último informe del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), durante 2016 se registraron 268.160 contratos de personas con diversidad funcional, un 10,3% más que al año anterior, a pesar de que el número de personas contratadas no se ha incrementado de igual manera, en parte por la temporalidad de estos contratos. En 2016, el 90,3% de los contratos registrados fueron de carácter temporal, frente a un 9,7% de contratos indefinidos.

Como cada año, para poner punto final al manifiesto del Grupo de Trabajo sobre Discapacidad de la Fundación Isonomia, tenemos que recordar el lema que reafirma la diversidad y la igualdad como valores básicos universales que se tienen que defender en todos los ámbitos y situaciones: «Todas las personas somos diferentes. Todas las personas somos iguales.»