MANIFIESTO Día Internacional de las Personas con Discapacidad. GRUPO DE TRABAJO SOBRE DISCAPACIDAD DE LA FUNDACIÓN ISONOMIA Castelló de la Plana, 3 de diciembre de 2020

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GRUPO DE TRABAJO SOBRE DISCAPACIDAD FUNDACIÓN ISONOMIA DE LA UNIVERSITAT JAUME I
Día Internacional de las Personas con Discapacidad Castelló de la Plana, 3 de diciembre de 2020

El año 2020 pasará a la historia como un hito que marcará un antes y un después en el porvenir de la especie humana y consecuentemente del planeta Tierra. La crisis sanitaria y social del coronavirus ha trastornado nuestras vidas, cambiándonos todas las rutinas y abriendo un tiempo de incertidumbre que, a estas alturas, no tenemos la capacidad de pronosticar cómo se resolverá. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, además de una fecha conmemorativa, siempre es una jornada propicia para recordar las reivindicaciones referentes a los derechos, y también deberes, de las mujeres y hombres con diversidad funcional que se incumplen cada día. Este año, a pesar de las circunstancias tan especiales que estamos viviendo, desde el Grupo de Trabajo sobre Discapacidad de la Fundación Isonomia no debemos dejar de exigir el cumplimiento de los derechos humanos y de cada uno de los artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está a punto de cumplir catorce años.

La salud mental protagonizó la única sesión presencial de este grupo de trabajo que se ha podido realizar durante 2020, antes de declararse la pandemia de la COVID-19. Según la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, las enfermedades mentales afectan -o afectarán en algún momento de sus vidas a un 15% de la población en el Estado español. Esto representa unos 9 millones de personas y la tendencia es que aumente la incidencia de estas enfermedades por el estilo de vida preponderante en las sociedades actuales. Estos ciudadanos y ciudadanas siguen sufriendo discriminación a causa de la estigmatización de sus patologías. Por otro lado, la ratio de especialistas en psicología en la sanidad pública en España era, en 2018, de 6 por cada 100.000 habitantes, tres veces menos que la media europea, que era de 18. En situaciones como las vividas durante el confinamiento por la crisis de la COVID-19, y sus secuelas, se ha evidenciado la necesidad de este tipo de atención tanto en la población en general como en personas que ya manifestaban alguna patología mental, hecho por el cual es urgente corregir esta carencia de atención psicológica, pública y gratuita.

El impacto de la crisis sanitaria y social de la COVID-19 en las personas con diversidad funcional, recopilando vivencias en primera persona de mujeres y hombres que manifiestan diferentes discapacidades, así como de profesionales que trabajan en este ámbito, fue el tema tratado en una de las tres sesiones de trabajo del grupo que han tenido formato virtual por la normativa derivada de la crisis sanitaria. Sus testimonios patentizan que, a pesar de que la pandemia ha golpeado -y, por desgracia, sigue haciéndolo- a la mayoría de la ciudadanía, como suele pasar en todas las circunstancias de emergencia los colectivos más vulnerables, entre los cuales estamos las personas con diversidad funcional, siempre son los más afectados.

El confinamiento hizo evidente la importancia de poder residir en el propio domicilio. El modelo de «institucionalización», por el cual siguen apostando desde las administraciones, ha mostrado una vez más sus defectos y que no es el adecuado para atender a las personas, sino que se asemeja más a un lugar donde almacenarlas. Muchas personas no hubieran sido víctimas mortales de la pandemia en las residencias si se hubieran podido confinar en sus casas, con el pertinente servicio de asistencia personal. Y para que esto fuera posible haría falta que se cumpliera el apartado a) del artículo 19 de la Convención, que dice que las personas con discapacidad tendrían que tener la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las otras, y no verse obligadas a vivir de acuerdo con un sistema de vida específico; para lo cual tienen que tener acceso a una variedad de recursos, entre estos el de asistencia personal, tal y como se indica en el apartado b) del mismo artículo.

Los derechos al final de la vida también han sido protagonistas de otra de las sesiones de trabajo del grupo, en forma de charla virtual, justamente este año en que el proyecto de ley para legalizar el derecho a la eutanasia va superando los sucesivos trámites parlamentarios para su aprobación. El derecho a decidir cuándo y cómo morir, sobre todo en los casos de personas con enfermedades terminales e irreversibles que solo desean dejar de sufrir, tiene que ser un derecho regulado y garantizado. Recordando las palabras de la periodista Montserrat Domínguez, «si la eutanasia fuera legal no aumentarían las muertes, disminuiría el dolor».

Así mismo, también en el ámbito legislativo, nos congratulamos de la tramitación del Proyecto de Ley de reforma del Código Civil y normativa conexa en materia de personas con discapacidad, que contiene una serie de cambios en la regulación de las instituciones de guarda y protección de las personas con diversidad funcional. Esta reforma legal incluye la sustitución de la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual por un sistema que se basará en el apoyo para que se respete la voluntad de estas personas, aplicándose la incapacitación solo en los casos en que sea estrictamente imprescindible. Como sucede con toda la legislación, se tiene que esperar que una vez aprobada se aplique de manera rigurosa y efectiva y no se quede en simple papel mojado.

La última conferencia organizada por el grupo este 2020, coincidiendo en el mes de noviembre con la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se dedicó a las violencias machistas contra las mujeres con diversidad funcional, una cuestión que cada año está presente en nuestro Manifiesto porque no deja de ser actualidad. Es positivo que cada vez haya más vías abiertas, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, para que las mujeres con más dificultades comunicativas puedan denunciar las violencias que sufren. Sin embargo, es evidente que muchos casos de violencia siempre quedarán invisibles porque se producen en entornos privados y, a pesar de ser conocidos por terceras personas, no se denuncian por varios motivos como pueden ser miedos, complicidades o pura y dura falta de conciencia social. Erradicar todas las violencias es responsabilidad de todos y todas, y naturalmente de las administraciones públicas que tienen la obligación de implicarse activamente vigilando la aplicación de los protocolos y el buen funcionamiento de los recursos creados para combatir y eliminar las violencias machistas.

Como es habitual, cerramos este manifiesto del Grupo de Trabajo sobre Discapacidad de la Fundación Isonomia recordando el lema que corrobora la diversidad y la igualdad como valores básicos universales innegociables en todos los ámbitos y situaciones:

«Todas las personas somos diferentes.
Todas las personas somos iguales.»

 

Manifest en valencià